Miércoles, 20 de Enero de 2021
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12-01-2021
CUESTIÓN DE RESPONSABILIDAD
¡Divino Montesquieu, asístenos!
Por Fernando Fanego, abogado. Asesor de Responsabilidad Civil y Seguro del ICAM


El Consejo General del Poder Judicial se consagra como pilar fundamental del sistema judicial en nuestro ordenamiento jurídico. Viene regulado en el art. 122 de la Constitución Española, donde se establece, entre otras, el órgano de gobierno del mismo, así como, el ejercicio de sus atribuciones y competencias en todo el territorio nacional.

Dicho organismo está presidido por su Presidente que será designado por el Pleno del CGPJ entre los miembros de la carrera judicial o juristas de reconocida competencia. Está formado por veinte vocales, que serán nombrados formalmente por Su Majestad el Rey a propuesta del Senado y del Congreso de los Diputados.


Lo peculiar, hasta ahora, en la elección de sus miembros, socava un negro y turbio eslabón en la independencia que se le requiere a tan señalado organismo en el ejercicio de sus funciones que son de ámbito nacional.


A fin de que nuestros lectores lo puedan ver con claridad, la elección se sus miembros se divide en dos gruposPor un lado, tenemos la elección de los doce miembros procedentes de la judicatura, con independencia de su categoría profesional anterior (Magistrado del Tribunal Supremo, Magistrado o Juez), en este caso, la Constitución se remite a lo que establezca una futura Ley Orgánica, sin más limitación. Hasta la fecha, para su propuesta y voto, se ha exigido una mayoría cualificada en cada cámara: tres quintos del total de sus miembros.


Y por el otro, está la elección de los otros ocho miembros, que en su mayoría procederán entre los juristas que cuenten con una dilatada y reconocida carrera profesional, con una antigüedad mínima de 15 años. Cuatro de ellos deberán ser elegidos por el Congreso y los otros cuatro por el Senado.


El referido sistema de elección, desde su comienzo y activación, en nuestra democracia, siempre ha estado en entredicho, dimes  y diretes. La independencia de tan delicado organismo es prueba esencial de la escasa, por no decir nula, que tiene nuestro sistema judicial al que siempre se ha visto abocado cuando la sombra del Poder Ejecutivo ha impuesto su mano sobre él.


Pues bien, el texto (Proposición de Ley) presentado por PSOE y Unidas Podemos, permite renovar al máximo órgano de los jueces con menos votos, es decir, que aun gobernando en minoría como la actual, tengan la capacidad de elevar y designar a sus miembros a sus anchas. Y no sólo eso, sino que se pretende limitar su capacidad de acción.


El disparadero ha surgido desde que su Presidente, Carlos Lesmes, decidió nombrar a ciertos cargos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. A la par, nuestro Ejecutivo intentó frenar esos nombramientos, pero sucumbió en el intento. Ante situación tan necrosada con el partido de la oposición (PP), nuestro Ejecutivo ha presentado en la Secretaría del Congreso de los Diputados una reforma legal que permitirá elegir un consejo nuevo —o al menos una parte de él— sin que concurra el principal partido de la oposición.


Esta iniciativa partió de Unidas Podemos con la única intención de desbloquear la renovación del consejo, a la que ahora se une la parte socialista del gobierno. La situación que tenemos encima de la mesa supone una guerra dialéctica abierta con el PP y con los sectores más conservadores de la justicia. 



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