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9-11-2020
CUESTIN DE RESPONSABILIDAD
Responsabilidad del Estado por el cierre de comercios durante la pandemia
Por Fernando Fanego, abogado. Asesor de Responsabilidad Civil y Seguro del ICAM


Recién entrado en vigor el nuevo Decretazo en forma de hoz que limita aún más la ya cercenada libertad de circulación de las personas, nos cuestionamos ahora si estamos ante un mal sanitario mundial o en realidad es de origen satánico. Mientras tanto, nuestro papá Estado, vendido y perdido por unos cuantos incautos e irresponsables que nos gobiernan, miran hacia otra marcación. 

¿Se imaginan lo que habrían pensado hoy los juristas que redactaron otrora, la Ley Orgánica 4/1981 por la que se regula el estado de alarma en conexión con el art. 116.2 de nuestra Constitución?


Se llevarían las manos a la cabeza de ver cómo aplican dicha normativa constitucional a su libre albedrio. Ahora la cuestión es saber si se podría reclamar por el perjuicio económico, consecuencia del cierre de muchos de los comercios durante la pandemia.


En primer lugar, debemos significar que con la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público (Ley 40/2015, de 1 de octubre) se desarrollan los principios generales que integran la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas.


En segundo lugar, ninguna autoridad sanitaria internacional se pronunció sobre la exigencia de cerrar los comercios y centros comerciales. Por tanto, se carece de recomendación clínica y/o científica respecto a esta cuestión, de nuestros ya muy maltrechos comercios, situación que provoca el no tener que soportar al titular del establecimiento, el perjuicio económico sobrevenido por su cierre.


Así pues, la montonera de reclamaciones a favor de todos los comercios que han sido cerrados por la declaración del estado de alarma mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, así como, por el Real Decreto 900/2020, de 9 de octubre, que cierra entre otras poblaciones, Madrid capital, deberían ser atendidas por la Administración Pública y los comerciantes titulares de esos establecimientos mercantiles deberían ser indemnizados.

La pregunta que se nos plantea es, si se hace al amparo de frenar los contagios o, de lo contrario, existen otros motivos de matiz marcadamente político. En cualquier caso, las administraciones deben desempeñar sus funciones con arreglo a los principios de eficacia, jerarquía, descentralización y coordinación, conforme se manifiesta en el art. 103.1 de nuestra Carta Magna.


Y aseveramos esto, porque los establecimientos han sufrido pérdidas en la oportunidad de obtener sus beneficios con normalidad, y por ende, un perjuicio económico emergente, calificado como lucro cesante en determinados casos, consecuencia del cierre inmediato de sus negocios.


Gracias al meritado art. 106.2 de la Constitución, se reconoce expresamente el derecho de los particulares a ser indemnizados por la actuación irregular o anormal en el funcionamiento de la Administración pública siempre que haya ocasionado un perjuicio a sus bienes y derechos pero cuando éste pueda ser objetivo y cuantificable.


Pues bien, se requieren tres requisitos básicos para exigir la responsabilidad de la Administración pública: primero, ue el perjuicio sea individual, efectivo y cuantificable económicamente; segundo, que se de la existencia del nexo causal entre la acción u omisión de la Administración y el daño producidoo; y tercero,ue el perjudicado no tenga el deber jurídico de soportarlo y no se haya producido por fuerza mayor.


Con la promulgación del RD 463/2020 y del actual Decretazo 900/2020, se acredita la causa del cierre obligatorio de los comercios y el cese de la actividad productiva, por lo que aquí encontramos el nexo necesario para poder reclamar lo que hubiera sido nuestro.


Resulta fácilmente deducible que concurren los presupuestos en la responsabilidad patrimonial del Estado y no exime de ella. Por tanto, se podrá reclamar por los afectados una indemnización acorde a los perjuicios económicos ocasionados. Básicamente, porque sería de aplicación el art. 10 del RD 463/2020 y el art. 116.6 de nuestra Constitución en que se establece que la declaración de los estados de alarma, sitio y excepción NO MODIFICARAN el principio de responsabilidad del Estado.

El problema vendrá en poder cuantificarlos y la forma en que estos se calculen para poderlos probar.



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