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13-10-2020
COMUNIDAD DE MADRID
TU EXPERTO EN SEGURIDAD
Plan Estratégico de la Comunidad de Madrid contra la Ocupación
Por Víctor Valentin Cotobal, Criminólogo y Director de Seguridad


La probabilidad real de que alguien ocupe tu vivienda habitual es prácticamente inexistente, pero últimamente estamos viendo un aumento preocupante de estas acciones. La ocupación de viviendas vacías es algo que siempre se ha producido y actualmente con la crisis económica evidente que tenemos el repunte es incontrolado. Si la vivienda es habitual hay que recurrir a la vía penal, mientras que si esta está vacía habrá que optar por la vía civil.

Superada la problemática legal que supone desalojar a quien de forma voluntaria se establece en un inmueble privado, debemos de centrarnos en cuáles son las herramientas que nos ofrece la legislación actual. El art. 609 C.C. establece, por increíble que parezca, que la propiedad se adquiere por la ocupación (entendiendo este término de ocupación como la forma de adquirir una vivienda o de hacerlo de forma ilegal), en contra posición está el art. 245.2 C.P. indicando el delito de usurpación de bien e inmueble, y en la cúspide de la protección al morador encontramos el art. 18.2 C.E., el derecho a una vivienda digna y adecuada del art. 47 C.E. o el derecho a la propiedad privada art. 33 C.E.

Como indicamos, esta confrontación de leyes, aunque quede claro cuál es la jerarquía, hace que no existan dos ocupaciones iguales aunque se realicen en las mismas condiciones. En algunos casos la policía desaloja, incluso por la fuerza, siempre que no hayan transcurrido 48h desde la ocupación, y en otros, ante la más mínima duda en el espacio temporal se permite que se queden lo que puede dilatar el proceso durante meses.

La Comunidad de Madrid aborda esta problemática y es pionera en proponer medias, como la reciente creación de la Mesa de Vivienda y Ocupación que implica a dos Consejerías, Vivienda y Justicia, Interior y Víctimas.

Pero se hace necesario atajar la ocupación desde una perspectiva transversal que responsabilice a más Consejerías, incluso la de Políticas Sociales, que evite que esos usurpadores continúen ocupando viviendas porque las leyes castigan, no educan.

Un “Plan Estratégico Regional de la Comunidad de Madrid contra la Ocupación” permitiría: conocimiento real del escenario; determinación de las variables generadoras del escenario, creación de objetivos en base a las variables generadoras; líneas de acción para conseguir cada uno de los objetivos marcados; indicadores de acción (ejecución de las líneas de acción), y de resultados de las mismas; y estudio de la evolución del escenario, autocrítica y vuelta a comenzar…

En el caso de la ocupación y desde el ámbito de aplicación municipal, se hallan dos ámbitos principales: Justicia y Seguridad Ciudadana. En estas áreas, las principales líneas de acción serían: conocer el perfil de los okupas, lugares geográficos, modus operadi, mafias, y en general patrones de conducta; creación de una oficina, de información municipal sobre las medidas legales que se pueden adoptar. Implicar a las asociaciones de vecinos; conocer las viviendas que potencialmente pueden ser ocupadas; creación de una base de datos donde los propietarios puedan dar de alta su inmueble y así poder realizar un seguimiento institucional: como medida tendente a la especialización es necesario crear un canal de comunicación exclusivo y por ello tener un teléfono (24h, 7d) contra la ocupación enfocado a usuarios y vecinos; creación de una Unidad de Policía Municipal especializada en desalojos y en la legislación a aplicar, con contacto permanente con la Administración de Justicia. Especial interés en el caso que haya menores implicados; crear junto con la Federación Madrileña de Municipios (FMM) un registro de ocupas de la zona; contacto permanente con el Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid; protocolo con empresas de suministros (luz, agua, etc…) para detectar todo tipo de anomalías en los abastecimientos no autorizados (enganches) y comunicación a la propiedad de manera temprana; y comunicar a otras Consejerías con posibilidades reales de intervención (Políticas Sociales y Familia, Educación, Sanidad,…) la situación surgida por si fuera de su interés y se pudieran activar protocolos propios de estas Consejerías.

Este tipo de medidas, en ausencia de una legislación que proteja contra este delito, despliegan la problemática a toda la estructura de la Comunidad de Madrid y de manera transversal se puede luchar contra la ocupación de una forma institucional.



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