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27-06-2020
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El olvido nunca es la solución
Miguel A. Folguera, consejero de la AVT y presidente de la Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (APAVT)


En los últimos tiempos, las víctimas del terrorismo estamos asistiendo, con honda preocupación, a todos los movimientos que se han producido en relación a los presos con delitos terroristas en las cárceles españolas. 

Concretamente, el pasado mes de mayo, Francisco José Ramada Estévez, que cumple 26 años y 3 meses de condena por atentados, los secuestros de Cosme Delclaux y José María Aldaia, y colaboración con banda armada, fue trasladado del Centro Penitenciario Murcia I a la prisión de Pamplona, muy cercana a su domicilio. A su vez, Íñigo Gutiérrez Carrillo y María Lizarraga Merino, condenado el primero a 14 años por los delitos de colaboración con banda armada, que provocó muchos atentados, y depósito de armas y municiones, y la segunda a 19 años y 13 meses por los delitos de asociación ilícita, falsificación de documento público, tenencia de explosivos, tenencia ilícita de armas, robo y hurto, pasaron del Centro Penitenciario de Valencia a Madrid VI, en Aranjuez.


Estos acercamientos se suman a los de Arri Pascual y Josune Oña, comunicados el pasado 11 de mayo, aunque esta vez se ha traspasado una línea roja más: Interior ha cedido a una reivindicación histórica de ETA y ha realizado su primer acercamiento de un etarra a una prisión cercana a su domicilio.


Desde la AVT siempre hemos defendido que se debe exigir la colaboración con la Justicia para cualquier petición de mejora de condena. El pronóstico favorable de reinserción pasa obligatoriamente por esta colaboración con la Justicia. Estamos cansados de ver cómo los terroristas se ríen del Estado de Derecho firmando cartas de arrepentimiento que son un mero trámite, y luego se vanaglorian de su pasado terrorista. De hecho, es evidente cómo los presos etarras han asumido el único requisito que pide Interior, la legalidad penitenciaria, como un ‘método de lucha’. Consideramos que el único síntoma de reinserción y verdadero arrepentimiento es este: la colaboración con la Justicia.


La principal finalidad de la medida de dispersión es favorecer la reinserción de los miembros de la organización terrorista ETA rompiendo el control que sobre ellos tiene la propia organización. Entre los derechos de los reclusos no se recoge en ningún momento que sea cumplir condena cerca de su domicilio, lo que se establece es que se cumpla condena en un lugar adecuado para su reinserción y en el caso de los presos de ETA, se ha demostrado que no es precisamente cerca de sus domicilios debido al control que sobre ellos ejerce la propia ETA.


Las víctimas del terrorismo también tienen que visitar a sus familiares en lugares lejanos a sus domicilios, pero en este caso esos lugares no son prisiones, son tumbas.


No podemos permitir que los que no condenan la violencia de ETA se hayan convertido en uno de los socios preferentes del Gobierno. Hasta que no condenen la violencia de ETA y reconozcan que no tuvo ninguna justificación, deben ser aislados políticamente y no ser tratados como un interlocutor político más. Nos inquieta de sobremanera las políticas de memoria que pueda instaurar este Gobierno, teniendo en cuenta que alguno de sus miembros considera a los terroristas del FRAP unos luchadores por la libertad.


Queda mucho trabajo por hacer en materia de víctimas del terrorismo. Porque merecemos que nuestra Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia sea defendida por todos los españoles. Porque la sociedad está en deuda con nosotros. Porque el olvido, nunca es la solución. 



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