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4-05-2020
EL PRISMÁTICO
¿Hacia un punto de no retorno?
Por Pablo Sanz Bayón, Profesor universitario


La resolución de la crisis sanitaria está implicando una crisis económica de dimensiones aún incalculables. Últimamente se están realizando numerosos análisis en cuanto a cómo resolver ambas crisis lo antes posible, en función de diversos escenarios y estimaciones técnicas. Sin embargo, poco énfasis se está poniendo sobre cómo podremos recuperar los derechos fundamentales y las libertades democráticas gravemente limitados por los decretos del gobierno.

Salvo en Italia y en su momento la provincia china de Hubei, en casi ningún país del mundo se han establecido medidas de confinamiento y restricción de movimiento tan estrictas como en España. Medidas que van mucho más allá de la restricción de la libertad deambulatoria, porque ésta ha ido acompañada de otras muchas prohibiciones e intervenciones de mayor alcance. No son pocos los juristas que pensamos que el estado de alarma decretado se ha configurado en la práctica como un estado de excepción encubierto, que podría dar lugar a las correspondientes acciones contra el gobierno y de responsabilidad patrimonial contra el Estado por los graves daños personales, materiales y morales causados a muchos ciudadanos. Las prerrogativas generales de prohibición e intromisión del gobierno sobre las libertades de los ciudadanos han superado seguramente no sólo los límites conferidos por la Ley Orgánica reguladora de esta situación -por su similitud a las que se derivarían del estado de excepción-, sino que además muchas de estas limitaciones de derechos fundamentales han sido aplicadas con carácter general y sin mediar actos administrativos específicos para sus destinatarios.

Después de la salud pública y la supervivencia económica de las pequeñas y medianas empresas, este aspecto es el que más nos debería preocupar, porque las capacidades de intervención del gobierno se han visto maximizadas insólitamente apelando a la emergencia sanitaria, por lo que siempre que el gobierno pueda volver a invocar ese riesgo -aunque sea potencialmente-, cabría esperar la aplicación o reactivación de tales medidas coactivas, prohibitivas e intervencionistas. En este sentido, sería muy preocupante que una mayoría social asumiera dócil y acríticamente este régimen de excepcionalidad, en el que gobierno está habilitado a legislar y el parlamento y el poder judicial quedan muy limitados en sus facultades de control de la acción del gobierno.

La regulación de la emergencia por la que atraviesa España ha alterado la estructura funcional y la delimitación ordinaria de los poderes estatales. El poder ejecutivo ha adquirido un carácter netamente “legislador” y el poder legislativo se ha visto reducido a la de un ente convalidador o ratificador de lo decretado por el primero. De momento, la escenificación mediática de los poderes públicos parece insinuar la normalización de esta excepcionalidad democrática como es la usurpación de la soberanía nacional, si bien, en principio y hasta la fecha, con unos márgenes y garantías supuestamente predeterminados. En breve podremos comprobar si todavía nos encontramos o no en un Estado de Derecho en función del recorrido que tenga esta cuestión en algunas instituciones, como el Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional o el Consejo de Estado.

Ahora bien, de la misma forma en que el gobierno puede imponer medidas de control y coacción social justificadas por las circunstancias de excepcionalidad, no está claro que se vayan a poder desmontar fácilmente una vez concluida la situación que las determinaron. A priori, podría aducirse ingenuamente que mientras sigan existiendo riesgos para la salud pública, estaría legitimada la vigencia de este régimen de anormalidad democrática. Dentro de esta lógica, desaparecida la virulencia de la crisis sanitaria se debería recuperar la normalidad jurídica, cívica y democrática, procediendo raudamente al desmantelamiento de todo el andamiaje policiaco y cuasitotalitario que se ha instaurado de facto en nuestro país por causa de la situación de excepcionalidad. Sin embargo, esta presunción parece algo inocente porque la experiencia histórica nos dice que las estructuras políticas suelen aprovecharse de las emergencias y de los condicionamientos sociales inducidos por ésta para consolidarse y maximizarse durante más tiempo. Los mecanismos burocráticos del Estado han acumulado últimamente tal número de nuevas prerrogativas y capacidades que no parece sencillo que los poderes públicos quieran desprenderse de ellas tan rápido ni tan fácilmente. No es ningún misterio que el poder tiende a concentrarse y absolutizarse.

Aunque desaparezca la situación de emergencia sanitaria, la tentación de cronificar los instrumentos de control y coacción social adoptados en los últimos dos meses será muy alta. Todo indica que las medidas de distanciamiento social que en adelante se adoptarán con carácter precautorio y obligatorio harán imposible el ejercicio del derecho de reunión presencial, así como el derecho de expresión vía manifestación o concentración pública a efectos de protestar ante las autoridades. Cualquier ejercicio de derechos fundamentales que incomode al gobierno podría limitarse invocando el interés general de la protección de la salud pública.

Hay razones para intuir que buena parte de la legislación aprobada desde el comienzo de la pandemia ha venido para quedarse, ya sea directa o subrepticiamente, más allá del estado de alarma. Este es el caso de la vigilancia social por vía de la geolocalización, así como por medio de aplicaciones móviles para acceder a servicios y prestaciones públicas. Internet y las telecomunicaciones se lo podrán fácil al gobierno. Y en todo caso, la ya ocurrido constituye un precedente que facilitará su despliegue y reactivación cuando convenga al ejecutivo alegando riesgos a la salud pública. De ese modo, la innegable negligencia original en la tardía reacción gubernamental a la propagación de la pandemia se ha ido transmutando en una celosa e interesada cautela. Asimismo, dada la actitud y personalidad de la mayor parte de los miembros del actual gobierno, no pecaríamos de malicia si damos por supuesto la existencia de suficientes intereses políticos y personales en juego para que más allá del estado de alarma se dejen sin levantar algunas medidas de control social aprobadas en las últimas semanas.

El confinamiento de toda la población y la parálisis total de la vida social y económica debe suscitar en la ciudadanía un legítimo cuestionamiento sobre cómo se ha podido asimilar colectivamente esta regresión democrática, sin precedentes en nuestra historia política reciente.  ¿Habrá un punto de retorno a la normalidad sociopolítica? ¿O se puede afirmar que ya hemos alcanzado una situación fáctica que va a justificar sucesivos y prolongados recortes de derechos y libertades cívicas? En definitiva, ¿podríamos estar en un punto de no retorno en cuanto a muchas de las medidas y actuaciones decretadas?




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