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19-03-2020
CUESTIÓN DE RESPONSABILIDAD
Pandemia por coronavirus (COVID-19) ¿fuerza mayor o caso fortuito?
Por Fernando Fanego Castillo, Abogado, Asesor de Responsabilidad Civil y Seguro del ICAM


No cabe duda que los tiempos que corren son muy difíciles para una población como la española que se ha visto inmersa en una tormenta global y de caos sanitario de extrema urgencia y necesidad, en la que el bien que tratamos de salvaguardar es la propia vida humana.

Parece mentira que la Jefatura del gobierno actual, descabezado, torpe y lento en sus decisiones, tome tardías decisiones en un asunto tan importante como lo es el derecho a la protección de nuestra salud, ya consagrado en el artículo 43.2 de la Constitución, y en el que claramente se establece que compete a los poderes públicos, organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios, a fin de poderlas cubrir con las máximas garantías; …y de esto sí que podemos presumir.

Pues bien, en relación a esto y desde la perspectiva de las obligaciones y responsabilidades del ejecutivo en la gestión de la pandemia del COVID-19, de afección a todo nuestro territorio, -de momento soberano-, son las de diferenciar correctamente los términos de fuerza mayor y caso fortuito, a la hora de implementar y adoptar las medidas sanitarias adecuadas, cuando circunstancias extraordinarias como la que vivimos (estado de alarma), resulte imposible el mantenimiento de la normalidad del bien protegido y que no es otro que la propia vida de nuestros conciudadanos.

Si bien es cierto, la aplicación de ambos conceptos en nuestro ordenamiento jurídico, no deja nunca de suscitar notables y controvertidas decisiones acerca de la responsabilidad que pueda dimanar en su aplicación según el caso.

El concepto de fuerza mayor no aparece en nuestro Código Civil, sino que éste viene acuñado vía doctrinal y jurisprudencial, en el que un acontecimiento excepcional que aun siendo imprevisible o aun siendo previsto, resulta inevitable, es decir, se origina fuera del ámbito de quien incumple. Es decir, configura la irresistibilidad y la imprevisibilidad, como lo es cualquier desastre natural, terremoto o guerra, e incluso enfermedades infecciosas o víricas, como en su día fue el caso del VIH.

En cambio, el “caso fortuito” sí está contemplado en el referido texto legal en el artículo 1.105 en el que se expresa claramente que “fuera de los casos expresamente mencionados en la Ley, y de los que así lo declare la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o que, siendo previstos, resultaran inevitables. Es decir, sucede inesperadamente.

Así pues, para realizar la exégesis de ambos términos y ponerlos de relieve en el contexto sanitario catastrófico que nos rodea, deberemos prioritariamente acudir a lo exigido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y a nuestra Carta Magna.

Dicho organismo internacional (OMS) debe asegurar que toda información pertinente sobre el desarrollo de las enfermedades infecciosas, asume la responsabilidad, -junto a los gobiernos de los países afectados-, en coordinar la respuesta internacional a las epidemias y pandemias, como la que actualmente azota prácticamente en el mundo entero.

Asimismo, y como hemos enunciado anteriormente, en nuestra Constitución queda suficientemente claro que el gobierno en curso tiene las herramientas necesarias para introducir y someter, cuantos cambios sean necesarios para combatir dentro nuestro sistema público de salud (Ministerio de Sanidad), la propagación de una “irresistible o imprevisible” pandemia de origen extranjero que ahora afecta a nuestro país.

Para el ciudadano español, y conforme a la reciente declaración de pandemia por la OMS del COVID-19, estaríamos ante un caso de fuerza mayor y, por ende, liberaría a la aseguradora de cubrir el resarcimiento del daño producido por la enfermedad.

Pues bien, hasta hace bien poco, la información recibida de la citada enfermedad, ha sido escasa y de forma sesgada, ocasionando el aumento de la invasión del virus COVID-19, causando unos daños de incalculable valor para las personas y de un elevadísimo coste no sólo en vidas humanas, además de conllevarnos a una situación crítica a nuestra ya maltrecha economía.

¿Dónde está la responsabilidad del gobierno?

Sencillo y a prueba de cualquiera, la OMS ha estado en todo momento informando de la envergadura de lo que podía nos podía ocurrir con la propagación del virus si no se adoptaban medidas extremas y urgentes. Nuestro gobierno, mientras tanto, echando balones fuera, quitando la verdadera importancia que tenía para dar una respuesta contundente y hacer frente a la nueva gripe COVID-19, como lamentablemente hemos podido comprobar a día de hoy.

Pues bien, queridos conciudadanos, para el caso en el que estamos y tratándose de un caso  fuerza mayor, NO HAY RESPONSABILIDAD IMPUTABLE a las partes. La administración estatal sólo respondería para los casos en que exista un mal funcionamiento de la misma pero no por sistema.

A esto habría que añadir, -desde la óptica del seguro y la responsabilidad civil-, para el particular (ciudadano) que lo padece, que en siniestros dimanantes de fuerza mayor están expresamente excluidos de las coberturas de la póliza por no ser hechos previsibles ni evitables, como así paso en su momento con el sida.

Por tanto, revisen sus pólizas de seguro y si saben rezar, empiecen.


 



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